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El gobierno aranés denuncia que el PLATER se ha elaborado vulnerando las competencias de la máxima institución aranesa y contraviniendo lo que establece la Ley de Arán, que recoge expresamente que el Conselh Generau d’Aran debe participar en la elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y seguimiento de los instrumentos de planificación territorial y urbanística de la Generalitat que afecten a la Val d’Aran. -
La alegación conjunta, además de reforzar la unanimidad institucional de las administraciones aranesas respecto a la tramitación de este Plan, rechaza un modelo que pone en riesgo el territorio y concentra el esfuerzo de la transición energética en el medio rural, además de ignorar la realidad del territorio y la viabilidad de las energías renovables ya presentes, así como los potenciales existentes en Aran.
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El texto también destaca que la Val d’Aran no es contrario a las energías renovables ni pretende ser insolidario, sino que quiere cumplir los objetivos del PLATER mediante fuentes de energía renovables adaptadas a la realidad del territorio.
El Conselh Generau d’Aran y los nueve ayuntamientos de la Val de Arán han presentado una alegación conjunta al Proyecto de decreto de aprobación del Plan Territorial Sectorial para la generación eléctrica eólica y fotovoltaica (PLATER) y a su estudio ambiental estratégico, argumentando que el proceso ha vulnerado lo establecido en la Ley de régimen especial del Valle de Arán y evidenciando un desconocimiento de la realidad territorial y de la viabilidad de determinadas energías renovables en el territorio.
Las instituciones aranesas consideran que la tramitación del PLATER ha ignorado la singularidad institucional y competencial de la Val d’Aran. Entre otros aspectos, denuncian que el proceso de elaboración del Plan no ha garantizado la participación efectiva de Aran, a pesar de que sus determinaciones tienen una incidencia directa sobre la planificación territorial, ambiental y energética de la Val d’Aran, vulnerando así lo que establece la legislación vigente y la singularidad aranesa.
Además, la alegación señala que el PLATER no tiene en cuenta las limitaciones físicas, climáticas y operativas que caracterizan a la Val d’Aran, aunque la propia metodología del Plan reconoce que estos factores deben ser determinantes a la hora de evaluar la idoneidad de los territorios para la implantación de energías renovables. La orografía del valle, las fuertes pendientes, las condiciones climáticas de montaña, las dificultades de acceso y las limitaciones de conexión eléctrica hacen que la Val d’Aran no sea un territorio adecuado para el despliegue masivo de parques eólicos y fotovoltaicos que plantea el PLATER.
Las instituciones aranesas también denuncian que el PLATER ignora los principales instrumentos de planificación y protección que ordenan el territorio, como el Plan Territorial Parcial del Alt Pirineu i Aran, el Plan Director Urbanístico de la Val d’Aran y el Catálogo de Paisaje del Alt Pirineu i Aran, así como la declaración de la Val d’Aran como Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Unos instrumentos que establecen un modelo territorial basado en la preservación del paisaje, de los espacios naturales y de los valores ambientales, incompatible con una implantación generalizada de este tipo de infraestructuras.
En esta misma línea, el documento considera que el modelo propuesto por el PLATER traslada una carga desproporcionada a los territorios rurales y de montaña. Los propios datos del Plan prevén que la mayor parte de la nueva potencia fotovoltaica se implante sobre suelo no artificializado, mientras que solo una parte muy reducida se destina a cubiertas de edificios o a espacios ya transformados. El Conselh Generau d’Aran y los ayuntamientos defienden que la transición energética debe priorizar el aprovechamiento de los espacios ya artificializados y de las tecnologías más adecuadas para cada territorio, evitando un consumo innecesario de suelo y nuevos impactos paisajísticos y ambientales sobre las zonas rurales.
El Conselh Generau recuerda que el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley 1/2015, del régimen especial de Arán, reconocen su autogobierno y le atribuyen competencias propias en ámbitos como la ordenación del territorio, el medio ambiente y la energía. Por este motivo, considera imprescindible que cualquier instrumento de planificación territorial que afecte a la Val d’Aran respete este marco competencial y garantice la participación efectiva de las instituciones aranesas.
La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha manifestado que «la presentación conjunta de esta alegación pone de manifiesto la unidad institucional del territorio ante un proyecto de gran trascendencia para el futuro de nuestro territorio» y ha añadido que «Aran y sus instituciones están comprometidos con la transición energética y con el desarrollo de las energías renovables, y prueba de ello son las acciones y proyectos que desarrollamos desde el gobierno de Aran y con el apoyo de los municipios en el impulso de la gestión forestal y el uso de la biomasa, los trabajos en geotermia, las futuras redes de calor en las que se está trabajando o lo que ya existe con la producción hidroeléctrica. Sin embargo, el PLATER ha ignorado no solo la realidad y el potencial energético del territorio, sino que tampoco ha respetado la singularidad del Val d’Aran ni nuestro marco competencial, ya que no ha existido ningún tipo de participación en las decisiones que afectan a nuestro modelo territorial, ambiental y energético».
Así pues, tal y como remarcaba la síndica, el documento recoge expresamente que las instituciones aranesas quieren dejar constancia de que el Val d’Aran no es contrario a las energías renovables ni a la transición energética, ni pretende ser insolidario con el resto del territorio de Cataluña. Muy al contrario: Aran comparte plenamente los objetivos de descarbonización y de lucha contra el cambio climático. Como territorio de alta montaña, es una de las primeras víctimas potenciales del calentamiento global y, como Reserva de la Biosfera, ha asumido públicamente el compromiso de liderar en el Pirineo una estrategia de desarrollo sostenible, tal y como demuestran las iniciativas que está llevando a cabo.
Vielha, 24 de julio de 2026